Campesinos exigen declarar emergencia

En un documento, las organizaciones critican dependencia alimentaria del exterior, los beneficios que reciben transnacionales y el mayor impacto del alza de precios por limitación de salarios.

Más de diez organizaciones de agricultores, campesinos e indígenas propusieron “hacer una declaratoria de emergencia agroalimentaria nacional por el Poder Ejecutivo federal”, para enfrentar la crisis alimentaria que vive el país, la cual “no quiere reconocer” el gobierno, según indicaron los productores en un documento elaborado en el Foro Nacional Campesino, titulado El hambre no espera, donde también reprochan las políticas de importación de alimentos.

En Jalisco, la Confederación Nacional Campesina (CNC) se une al llamado nacional para atender a la situación de emergencia, dijo su líder, Gabriel Ponce Miranda, quien sostuvo que la entidad tiene zonas de temporales que deben ser atendidas de urgencia para evitar mayores efectos por la crisis.

“A pesar de la propaganda que está haciendo el gobierno, de que el campo está muy bien, esto es mentira, hay una crisis alimentaria que todos los países del mundo están atendiendo […] solamente México está descuidando esto por darle atención al crimen organizado […] el problema no es el campo, el campo es la solución si se atiende como debe de atenderse”.

Entre las causas de la crisis que se inscriben en el documento destaca la “política de importación de alimentos”, la “soberanía alimentaria a las corporaciones transnacionales” y el “aumento de la dependencia alimentaria”, fracción en la cual indican que “de cada 100 gramos de alimentos que consumimos, 42 por ciento proviene del extranjero”, y “las importaciones de maíz pasaron de 253 mil toneladas en 1993 a 10.7 millones de toneladas en 2010”.

La dependencia alimentaria reportada es causa directa de la pobreza extrema en el país, según cita el texto, factor que se deriva también del incremento en los precios de los alimentos, lo que ha permitido que “en sólo tres años [2006 a 2009] haya aumentado en ocho millones el número de mexicanos en pobreza extrema”.

De los 18 millones de pobres que se estiman oficialmente en México, 70 por ciento vive en el campo, según reportan los campesinos, quienes añaden que irónicamente “donde se producen los alimentos se encuentra la mayoría de los hambrientos”.

El impacto del alza de precios se ha “magnificado” este año por “la imposición de controles al aumento en los salarios”, según sostienen, por lo que piden “cambiar el actual modelo de desarrollo” para “revertir el hecho de que sólo las grandes corporaciones agroalimentaria sean las únicas beneficiarias cuando crece nuestra economía”.

Entre sus propuestas está apoyar a los productores que sufrieron siniestros climáticos, impulsar políticas para aumentar la producción de alimentos en el campo, crear una Reserva Nacional de Alimentos Básicos, triplicar el fondeo de la banca de desarrollo y reducir hasta 50 por ciento la tasa de interés para los pequeños productores.

Además, piden una “administración del comercio exterior de México” en relación con la alimentación, para que los procesos económicos garanticen la soberanía agroalimentaria y nutricional, así como también cancelar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues “ha sido un fracaso para México y para la mayoría de sus productores rurales”.

México, vulnerable por alta importación: ONU
(Guadalajara/Agencias)

En su visita a México, Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, dijo que México es un ejemplo de una nación vulnerable, ya que importa alrededor de 43 por ciento de los alimentos que consume, cifra que supera los límites propuestos por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para que un país no tenga riesgos alimentarios.

En el marco del Foro Nacional Campesino, Schutter sostuvo que es a las grandes empresas a quienes se debe exigir control en los precios de los productos, “me di cuenta que un pequeño grupo de compañías, como Cargill y Maseca, dominan los sistemas de distribución y utilizan su poder en el mercado para imponer precios altos, es a ellos a los que se les debe exigir que bajen los precios”.

Además, cuestionó la efectividad de los programas oficiales en el sector, así como también las acciones del gobierno mexicano: “me he quedado muy impactado porque los programas como Ingreso Objetivo y Procampo, en vez de reducir la desigualdad, la provocan y hacen que los grandes productores del Norte sean los beneficiados. No me queda claro qué ha hecho el gobierno para ayudar a los campesinos más pobres, sobretodo en el periodo 1997-2005”.

Schutter sostuvo que las economías mundiales deben mostrar mayor voluntad para controlar la especulación en mercados internacionales para mejorar la seguridad de alimentación de millones de personas. “Estamos en una situación muy preocupante. Creo que verdaderamente no hemos extraído las lecciones debidas de la crisis alimentaria global de 2008 […] espero que el Grupo de los Veinte (G20) reaccione”.

Fuente: Milenio

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